El 1º de diciembre de 2024 marcó un cambio trascendental para los procesos legales en materia de arrendamiento inmobiliario con la entrada en vigor del juicio especial de arrendamiento oral. Este avance, incluido en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares publicado en 2023, busca simplificar y agilizar los procesos judiciales en México, beneficiando tanto a arrendadores como a arrendatarios.
¿Por qué es importante este cambio?
Antes de este nuevo sistema, los juicios de arrendamiento inmobiliario eran notoriamente lentos y complicados. Cada Estado contaba con sus propios códigos procesales, generando incertidumbre y retrasos significativos para quienes enfrentaban conflictos legales relacionados con el alquiler de inmuebles.
Con la implementación del juicio oral, se espera reducir los tiempos de resolución y aumentar la transparencia, permitiendo a las partes involucradas interactuar directamente con el juez, algo que anteriormente era poco común. Ahora, además de contar con acceso remoto al expediente electrónico, el proceso se llevará a cabo de manera más estructurada y ágil, mejorando significativamente la experiencia de los involucrados.
Ventajas del juicio oral en arrendamiento inmobiliario
Rapidez: Desde la presentación de la demanda hasta la audiencia, los plazos están claramente definidos. Por ejemplo, la audiencia del juicio debe realizarse en un plazo máximo de 15 días después del cierre de las etapas preliminares.
Digitalización: Las demandas, contestaciones y pruebas pueden gestionarse completamente en línea, reduciendo la necesidad de desplazarse a los juzgados.
Transparencia: La resolución final es explicada por el juez de manera clara y sencilla durante la audiencia, garantizando mayor confianza en el proceso.
Primeros pasos del nuevo sistema
En esta fase inicial, los juicios orales aplican a arrendamientos inmobiliarios, juicios hipotecarios y algunos procedimientos familiares como alimentos y custodia. Este cambio representa un avance hacia un sistema de justicia más eficiente, equitativo y accesible, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Mexicana.
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